El espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad, un bien público de uso común que debido a su escasez ha pasado a ser administrado por el Estado. Un bien común que no se ve pero tiene un valor: hizo posible la radio, la TV, la telefonía móvil y ahora el Internet móvil. Pero ¿cómo se reparte este recurso? ¿qué papel tiene la sociedad en este proceso?
Digitalización de la TV y el dividendo digital, el caso español
La radio y la televisión han sido quienes han acaparado una gran parte del dial. Pero ahora también pugnan por ese espacio las empresas de telecomunicaciones que cada vez requieren de más ancho de banda para ofrecer nuevos servicios y mayor consumo de datos.
Desde 2011 el Gobierno español ha procedido a adjudicar el espectro destinado a operadores de telefonía mediante subastas, ampliando en un 70% el espacio destinado a telecomunicaciones gracias al espacio liberado tras el cese de las emisiones analógicas de TV y su digitalización. Un proceso que se ha denominado como “dividendo digital”.
El proceso se completó en los últimos meses: a finales de 2014 el Gobierno, tras algunos accidentes judiciales, aprobó el “definitivo” reparto del espectro entre TV y telecomunicaciones.
El nuevo plan técnico de televisión recortó los canales destinados a TV pública y excluyó a las TV comunitarias. Los últimos seis canales disponibles para TV están en estos momentos en proceso de adjudicación, prevista para el mes de octubre, al que optan: Atresmedia (Antena3 y La Sexta), Mediaset (Telecinco y Cuatro), 13TV, Net TV (Vocento), Real Madrid TV, PRISA, 13TV, Secuoya, Kiss FM y El Corte Inglés.
Considerando que estamos en un año clave electoralmente con elecciones nacionales y en Cataluña: ¿influye el proceso de reparto en la labor informativa de las empresas que se postulan al concurso?
Evidentemente sí. Quizá en eso tenga que ver algunos hechos ocurridos en los últimos meses como el repentino cese del periodista Jesús Cintora de «Las Mañanas de Cuatro» o los cambios en la programación de La Sexta durante los meses de verano retirando programas como «El Intermedio», «Salvados» o «La Sexta Columna»
Las emisoras comunitarias: el espectro radioeléctrico como un bien común
El reparto del espectro realizado para TV y para telefonía, a pesar de su importancia política, estratégica y económica, no parece haber sido un tema dentro de la agenda de los movimientos sociales, que en todo caso han centrado sus alarmas respecto del deterioro de las televisiones públicas.
Quienes sí han seguido todo este proceso desde el principio han sido las radios libres y las televisiones comunitarias. Se trata de emisoras independientes cuya gestión y programación se elabora de forma colectiva, promovidas por un colectivo de personas o por una asociación sin ánimo de lucro. Las emisoras comunitarias surgen a principios de los años 80 y ante la falta de reconocimiento legal tomaron las ondas abriendo espacios de comunicación para la ciudadanía. Más de treinta años después estas emisoras siguen enfrentando las mismas dificultades que en sus inicios, emitiendo sin licencia, peleando por hacerse un hueco en el dial con el constante riesgo de multas y cierres. En 2010 la Ley Audiovisual reconoció el derecho de estas emisoras a un espacio en el dial, pero los distintos gobiernos continúan bloqueando su acceso a frecuencias, condenándolas a la marginalidad.
Durante 2015 la Red de Medios Comunitarios (ReMC), Radiotelevisió Cardedeu y TeleK pusieron en marcha la campaña #DemocratizaLasOndas para denunciar el incumpliendo de la Ley Audiovisual y llamar la atención sobre una nueva vuelta de tuerca en la mercantilización del espectro radioeléctrico.
Uno de los hitos de la campaña ha sido impugnar ante el Tribunal Supremo el reparto del espectro realizado por el Gobierno para TV y telefonía 4G. Para eso ha sido necesario embarcarse en un complejo y costoso proceso judicial para el cual se abrió una campaña de recogida de donativos. Por el momento los resultados son muy modestos. La campaña de crowdfunding para recabar cinco mil euros apenas ha recogido mil, una cifra insuficiente para hacer frente económicamente al reto planteado. Puede que durante 2016 asistamos a una sentencia histórica y a la ruina económica de los promotores.
Los resultados de la campaña quizá son una muestra más de las dificultades que enfrentan las emisoras comunitarias para visibilizar sus aportes y sus reivindicaciones.
Creo que por una parte tiene que ver con la situación de gran precariedad de estos medios y las dificultades que enfrentan para su sostenibilidad. En su ámbito más cercano estas experiencias son muy valoradas pero en la red de redes sus aportes y logros son poco conocidos.
También puede deberse a que desde los movimientos sociales se ha prestado poca atención a estas iniciativas y a la importancia de la lucha por el espectro radioeléctrico. Muchas organizaciones y activistas perciben a estas emisoras como instrumentos del pasado que han sido superadas por las nuevas herramientas que ofrece Internet.
Sin embargo la irrupción de internet no ha supuesto la desaparición de la emisoras comunitarias, incluso ha promovido su desarrollo convirtiéndolas en medios híbridos, un puente entre lo nuevo y lo viejo, un laboratorio para aprovechar la experiencia acumulada en la comunicación comunitaria.
¿Por qué se ha prestado tan poca atención por parte de los movimientos sociales al proceso de mercantilización del espectro radioeléctrico?
La irrupción de Internet y sus nuevas posibilidades de comunicación, difusión de audio y vídeo propiciaron una visión tecno-utópica en que la lucha por el espectro parecía algo anacrónico, del pasado. Pero con el 3G, el wifi y los smartphones, Internet es un servicio de telecomunicaciones que depende del espectro radioeléctrico para operar. En la última década se ha realizado un importante reparto de espectro destinado a telefonía, primero con las concesiones de 3G y después con la subasta de las frecuencias para 4G. Los movimientos sociales han sabido sacar rendimiento a estas nuevas herramientas de comunicación pero deslumbrados por los nuevos avances tecnológico ha pasado desapercibido el proceso de privatización del espectro.
Las emisoras comunitarias, que siempre entendieron el espectro radioeléctrico como un bien común, se han abierto a internet pero sin abandonar la lucha por el dial. En esa línea van también iniciativas más novedosas como guifi.net y otras cooperativas de telecomunicaciones. Ahora con Internet propagándose por las ondas el debate sobre cómo y quien administra el espectro radioeléctrico está más vigente que nunca, si no queremos conformarnos con ser meros consumidores y usuarios de redes privatizadas.
Por eso recomiendo prestar atención a la pelea que están dando las emisoras comunitarias con el reparto del espectro y animo a apoyar la campaña de crowdfunding #DemocratizaLasOndas. Los logros en estas luchas serán claves en el proceso de privatización del espectro y en su reivindicación como un bien común.
#DemocratizaLasOndas
Entidades impulsoras de la campaña
Ràdio Televisió Cardedeu nace en 1980 y es la primera televisión local de Cataluña y España. www.rtvc.cat
Tele K nace en 1993 y es la primera emisora comunitaria de Madrid. Emite 24 horas al día programación social, cultural y política de los movimientos sociales. http:www.tele-k.org/
ReMC es una asociación de emisoras comunitarias de radio y televisión, que surge en el año 2005, y a la que también pertenece Canal 33. www.medioscomunitarios.net
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*Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual:
Artículo 4 “Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”
Artículo 32. “...Servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo... La Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicio”.
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