Directo: Protesta de ADICAE contra la cláusula suelo de las hipotecas

La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) protesta contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su intención de no obligar a los bancos a devolver la cláusula suelo de las hipotecas bancarias, declarada abusiva por el Tribunal Supremo español. Afecta a más de cuatro millones de familias que recibirían entre 5.000 y 7.000 millones de euros.

La concentración tuvo lugar el miércoles 13 de julio de 2016 frente al Museo reina Sofía de Madrid. Hay afectados que llevan siete años luchando por su devolución.

El abogado general del tribunal europeo emitió un informe, el 13 de julio de 2016, asegurando que los bancos españoles no deben hacer frente a los pagos retroactivos de las cláusulas suelo porque podrían quebrar.

Estas cláusulas, declaradas ilegales por la justicia española, afectan a millones de familias en el pago de sus hipotecas, gravándolas con pagos de más.

El Tribunal Supremo de España las declaró contrarias a derecho en mayo de 2013 y ordenó a los bancos su devolución a partir de esa fecha. Sin embargo, ADICAE y otras asociaciones de afectados recurrieron a la UE reclamando su retroactividad, es decir, la devolución de lo pagado de más antes de mayo de 2013. Una petición que el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE acaba de negar con su fallo del 13 de julio de 2016.

"Basta ya de fraudes bancarios", señaló el presidente de ADICAE, Manuel Pardos. "El loby bancario ha comprado al abogado general del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que, además, es italiano y cuenta con mucho poder", acusó.

"En esta época de crisis esa cláusula ilegal ha afectado a más de cuatro millones de familias haciéndoles pagar entre 200 y 400 euros mensuales, provocando el desahucio de muchas personas", finalizó.

Finalmente, serán los 14 jueces internacionales del Tribunal de Justicia de la UE los que decidan si los bancos deben devolver las cláusulas suelo de manera retroactiva. ADICAE teme que el informe negativo del abogado general afecte a la decisión judicial.